La partida de nacimiento tendrá la vigencia que el mismo documento indique, y en el caso que el documento no especifique la vigencia, a los efectos de España tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha de la expedición del documento, que no es necesariamente la fecha en la que se apostilló.
Dicho documento debe estar vigente para el momento de la firma en la notaría.

Los antecedentes penales tendrán la vigencia que el mismo documento indique, deben ir dirigidos al Ministerio de Justicia del reino España, y en el caso que el documento no especifique la vigencia, a los efectos de España tendrán una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de la expedición del documento, que no es necesariamente la fecha en la que se apostilló.
Dicho certificado debe estar vigente para el momento de la firma en la notaría.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 12/ 2015, ningún sefardí originario de España perderá su anterior nacionalidad con motivo de la adquisición de la española, sea a través del procedimiento previsto en la mencionada ley o sea a través de cualquier otro procedimiento.
No obstante, dependerá de la legislación del país de origen la pérdida de esta nacionalidad, pues en algunos casos se prevé que la aceptación de una segunda nacionalidad implica la renuncia de la anterior

Este cambio de nomenclatura obedece a cuestiones internas del Ministerio de Justica. No afecta al interesado en cuanto al sentido de su resolución, desde el Ministerio nos comunicaron que obedece a superación de etapas internas pero que en definitiva sigue pendiente de resolución.

No, los gastos notariales hay que abonarlos aparte.

No, el pago de tasas no está incluido en el costo.

No, el viaje a España no está incluido en los costos.

Cada fase se debe pagar por adelantado, de lo contrario no se pasa a la siguiente fase.

Aquí existe un vacío legal al respecto, pues la ley no prevé qué es lo que pasa mientras se decide sobre dicha solicitud. Sin embargo, podemos asesorar a la persona interesada sobre las mejores vías para poder lograr una residencia legal.

Las partidas de nacimiento y los antecedentes penales tendrán la validez que se determine en el propio documento, a contar desde la fecha de expedición. Ahora, los antecedentes penales que no tengan determinado plazo de vigencia o caducidad, las autoridades españolas los admitirán siempre que no tengan una antigüedad de más seis meses desde su fecha de expedición, que no es la misma que la de la apostilla.

Si se pierde la nacionalidad americana, pues según la Sección 359 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), un estadounidense podría verse privado de su ciudadanía cuando obtenga la nacionalidad de otro país de forma voluntaria y por petición propia después de haber cumplido los 18 años de edad. 

Sí, es diferente, porque se requerirían los documentos apostillados y traducidos. Aparte de eso, habría que presentar el DELE, que es un examen de español en el Instituto Cervantes. Adicionalmente, serían necesarios los antecedentes penales del FBI apostillados y traducidos.

Sí, siempre y cuando la persona haya residido legalmente en esos países en los últimos cinco años.

No, puesto que lo que hace el estado español es reconocer una situación jurídica que siempre ha existido, es decir, la persona sería originalmente española, no se estaría nacionalizando, sino que siempre lo ha sido.

No, puesto que no se entregan al solicitante los informes genealógicos y sus pruebas, indispensables para el proceso.

El dinero que paga una persona en cada FASE es lo que marca el inicio del trabajo en cada caso. Por esta razón, el hecho de que una persona se retire del proceso no quiere decir que el trabajo no se haya realizado. Por lo tanto, no se devolverá el dinero correspondiente a la fase.

En ese caso deberá sacar una copia de todas las páginas del pasaporte y compulsarla ante un cónsul español.

No. Ni los menores de edad ni las personas sin capacidad jurídica están obligados a viajar. En estos casos sus padres o representantes podrán firmar por ellos.

No, los antecedentes penales solo son para mayores de edad.

Deben traer el original del pasaporte y el original de la partida de nacimiento apostillada. Igualmente deberán aportar las notas certificadas o una certificación de la institución educativa donde se encuentren inscritos. Esto también aplica para las personas sin capacidad jurídica. Estas notas certificadas deben ser emitidas en español e ir debidamente apostilladas, en el caso que sean emitidas en otro idioma deberán ir traducidas y compulsadas ante un cónsul español.

Claro, esto es posible, pero es un proceso que tarda entre dos y tres años. Hay que tomar en consideración que el proceso de la nacionalidad por origen sefardita puede tardar en algunos casos hasta dos años. Lo importante es que el menor no vaya a cumplir la mayoría de edad en el proceso, ya que de lo contrario perdería el derecho a la opción. Entonces tendría otros requisitos más complicados y la nacionalidad que adquiriría no sería de origen, con lo cual hay ciertas restricciones dependiendo de cada caso.

Sí. A cada persona hay que hacerle una solicitud. Para el caso de los hijos menores de 14 años, se pagará sólo la FASE 3

No, la firma es personalísima y solo el solicitante puede firmar, o su representante legal en los casos de las personas sin capacidad. En casos de fuerza mayor como enfermedad que le impida a la persona viajar, podrá apoderar a un familiar dentro del primer grado de parentesco.

Los documentos necesarios varían de un caso a otro. En principio hay unos documentos que son obligatorios para todos los solicitantes, que son partida de nacimiento legalizada y apostillada, certificado de antecedentes penales legalizado y apostillado y pasaporte vigente, que debe ser el mismo con el que se inició el proceso. En caso de que la partida o los antecedentes sean emitidos en un idioma distinto al español, deben ir traducidos y compulsados ante un cónsul español, en cuyo caso no necesitarían la apostilla.

La firma en la notaría puede realizarse en cualquier ciudad de España. Sin embargo, nuestro equipo lo gestiona en Sevilla, que es donde tenemos toda la organización necesaria para llevar los trámites a buen fin.

Sí es necesario para firmar ante el notario.

El notario establece un rango de fechas dentro de un mes, y Sefar designa un abogado para que acompañe al solicitante a la firma, con lo cual se determina una fecha cierta. La misma se le notificará al solicitante con al menos 15 días de antelación.

La fecha la determina el notario, una vez comenzada la tercera fase y cerrado el expediente ante el Ministerio de Justicia. El notario asigna un rango de fecha no superior a un mes, y luego nuestro equipo de abogados determina, de acuerdo con el notario, el día en que la persona debe venir a firmar, el cual se le notifica al solicitante.

Suele tardar entre tres y cuatro meses después de comenzado el trámite.

El proceso puede demorar hasta dos años. El gobierno español tiene un lapso de un año para resolver una solicitud después del visto bueno del notario. Después de reconocer la nacionalidad vienen las notificaciones, juramentación, entrega del literal de nacimiento, emisión del pasaporte y DNI.

Sí es posible. Infórmese en la web del Instituto Cervantes.

Todos los solicitantes mayores de edad y menores de 70 años.

Los interesados en adquirir la nacionalidad española deben en algunos casos presentar diversas pruebas de vinculación con España, tanto de conocimiento del idioma como de conocimientos constitucionales y de cultura general. Dichas pruebas se realizan en el Instituto Cervantes.

No, en este caso la nacionalidad solo se transmite por consanguinidad. Para los cónyuges es necesario otro análisis genealógico.

Cada genealogista tiene su base de datos y experticia en investigación en áreas concretas. En nuestro caso, nuestro equipo de investigadores se especializa principalmente en genealogías venezolanas. Perfectamente ha podido haber sido rechazado por otro genealogista y nuestro equipo tener las pruebas para demostrar cómo el posible solicitante es descendiente directo y consanguíneo de un judío sefardita de los expulsados o forzados a la conversión al cristianismo tras los edictos de 1492, tal como lo exige la ley para que una persona pueda tener la condición de sefardita originario de España.

Aquí lo importante es lograr probar que la persona en cuestión desciende de un judío sefardita. Para ello es necesario un análisis de la genealogía de la persona. El hecho de que una persona califique o no, solo quiere decir que el genealogista tiene forma de probar o no tal ascendencia. Pero una vez rechazado por un genealogista, eso no quiere decir que otro genealogista con herramientas distintas no pueda hacerlo.

No, el informe genealógico y las correspondientes cadenas probatorias son emitidos y consignados para un fin específico, que es el proceso de solicitud de la nacionalidad. No se entrega al solicitante el informe.

Claro, esto es posible. Pero para poder orientar a la persona con la mayor propiedad, mientras más información pueda presentar, más posibilidades de ser elegible para comenzar el trámite.

La duración de este proceso dependerá de la complejidad de los estudios para determinar la ascendencia Sefardí. Muchos apellidos tienen casuísticas muy determinadas y precisas y se averiguan las filiaciones relativamente pronto. En otros casos, el estudio y la averiguación de los ascendientes requiere de una investigación más profunda para tener plena certeza de la información obtenida y garantizar el éxito de las pretensiones del cliente. El quipo de historiadores y genealogistas de Sefar Universal trabaja con la diligencia precisa en la emisión de los informes pertinentes.

No. Es necesario probar la consanguinidad con un judío sefardí. Así lo exige la ley. El mero hecho de tener un apellido no implica que la persona en cuestión sea descendiente de un judío sefardita. Las razones por las cuales una persona puede tener un apellido son muy diversas y no siempre es la consanguinidad. Aparte de esto, también hay que considerar que existen muchos apellidos que eran comunes a los tres credos que convivieron en España: el musulmán, el judío y el cristiano. Incluso, mucho más si se trata de apellidos patronímicos como Núñez, Méndez, García y tantos otros, que no implican en ningún caso que la persona sea de origen judío.

El certificado por sí mismo carece de validez si no está acompañado de un informe genealógico y las correspondientes pruebas que lo demuestran. En muchos casos, estos certificados que algunas personas poseen no tienen valor más allá de ser un simple souvenir.

Sí, pues el reconocimiento de la nacionalidad es discrecional por parte del estado español, pero estimamos que si se prueba todo de conformidad con la ley y la genealogía está bien probada, no deberían rechazar a nadie.

SEFAR UNIVERSAL está integrada por un equipo de profesionales expertos en genealogía e historia, quienes en coordinación con nuestros abogados explorarán sus antepasados, facilitándole a Usted el descubrimiento de sus orígenes ancestrales. Las personas interesadas deberán completar el formulario que se encuentra dispuesto en nuestra página web. www.sefaruniversal.com, suministrando a nuestros profesionales la información mínima necesaria, como por ejemplo la identificación de sus padres y abuelos. Estos datos darán inicio a la aplicación de técnicas de investigación histórica de sus antepasados, tantas generaciones como sean necesarias y pertinentes para demostrar su vinculación con descendientes sefardíes y así dar iniciar al correspondiente procedimiento administrativo de solicitud de nacionalidad europea (España, Portugal e Italia).

Sí, puesto que la ley exige que se demuestre que la persona desciende de uno de esos judíos que vivieron en España. Por tanto, es obligatorio remontarse hasta esa fecha de 1492.

La palabra sefardí o sefardita refiere a las personas de credo judío que vivieron en la Península Ibérica hasta 1492 y en particular a los descendientes de aquellos que, tras los edictos de ese año, fueron expulsados de España o forzados a la conversión.